Mendizábal Durante el Trienio liberal (1820–1823) se llevaron a cabo otras desamortizaciones tan poco ambiciosas como esta e igualmente deshechas tras la caída del régimen liberal. Las realmente importantes fueron, sobre todo, las de Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz.
La de Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de Borbón, en 1836, tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia social de España, aunque sus resultados (ya no gestionados por Mendizábal, que cesó como ministro en mayo de 1836, sino por sus sucesores) fueron relativamente pobres.
Como la división de los lotes se encomendó a comisiones municipales, estas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y configurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios, pero sufragables en cambio por las oligarquías muy adineradas, que podían comprar tanto grandes lotes como pequeños.
Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en España que sacase al país de su marasmo.
Los terrenos desamortizados por el gobierno fueron únicamente eclesiásticos, principalmente aquellos que habían caído en desuso. A pesar de que expropiaron gran parte de las propiedades de la Iglesia, ésta no recibió ninguna compensación a cambio. Por esto la Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, lo que hizo que muchos no se decidieran a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros.
Espartero El 2 de septiembre de 1841 el recién nombrado regente, Baldomero Espartero, impuso la desamortización de bienes del clero secular. Esta ley durará escasamente tres años y al hundirse el partido progresista la ley fue derogada.
En 1845, durante la Década Moderada, el Gobierno intenta restablecer las relaciones con la Iglesia, lo que lleva a la firma del Concordato de 1851.
Madoz Durante el segundo gobierno de Espartero, su ministro de Hacienda, Pascual Madoz, realiza una nueva desamortización (1855) que fue ejecutada con mayor control que la de Mendizábal. El 1 de mayo de 1855 se publicaba en La Gaceta de Madrid y el 31 la Instrucción para realizarla.
Se declaraban en venta todas las propiedades del Estado, del clero, de las Órdenes Militares (Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén), cofradías, obras pías, santuarios, del ex infante Don Carlos, de los propios y los comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública, con algunas excepciones. Igualmente se permitía la desamortización de los censos pertenecientes a las mismas organizaciones.
Fue la que alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una importancia superior a todas las anteriores, sin embargo los historiadores se han ocupado tradicionalmente mucho más de la de Mendizábal. Su importancia reside en su duración, el gran volumen de bienes movilizados y las grandes repercusiones que tuvo en la sociedad española.
Después de haber sido motivo de enfrentamiento entre conservadores y liberales, ahora todos los partidos políticos reconocen la necesidad de acabar con las manos muertas para alcanzar un mayor desarrollo económico del país. Se suspendió la aplicación de la ley el 14 de octubre de 1856, reanudándose de nuevo dos años después, el 2 de octubre de 1858, siendo presidente del Consejo de Ministros O'Donnell, no cesando las ventas hasta fin de siglo, continuando a pesar de los diferentes cambios de gobierno.
En 1867 se habían vendido en total 198.523 fincas rústicas y 27.442 urbanas. El estado ingresó 7.856.000.000 reales entre 1855 y 1895, casi el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal. Este dinero se dedicó fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, amortización de Deuda pública y obras publicas, reservándose 30 millones de reales anuales para la reedificación y reparación de las iglesias de España.
Tradicionalmente se le ha llamado al periodo de que tratamos desamortización civil, nombre inexacto, pues si bien es cierto que se subastaron gran número de fincas que habían sido propiedad comunal de los pueblos, lo cual constituía una novedad, también se vendieron muchos bienes hasta entonces pertenecientes a la iglesia, sobre todo las que estaban en posesión del clero secular.
En conjunto, se calcula que de todo lo desamortizado, el 30% pertenecía a la iglesia, el 20% a beneficencia y un 50 % a las propiedades municipales, fundamentalmente de los pueblos. El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos y con ello la desamortización de Madoz.
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